La decisión de la Sala de lo Contencioso tendrá previsiblemente repercusión en las decisiones futuras de la Sala Civil, a la que también compete la materia. En una resolución de este mismo año, la Sala Civil había concluido que las entidades debían pagar, o al menos compartir, los diversos gastos de formalización de las hipotecas. Pero había aclarado expresamente que el impuesto de Actos Jurídicos Documentados le correspondía sólo al cliente. Lo hizo apoyándose fundamentalmente en la doctrina de sus compañeros de la Sala de lo contencioso y en la clarísima redacción del reglamento. Ahora esa doctrina ha cambiado y el reglamento ha quedado anulado.

Las asociaciones de usuarios, las entidades financieras y juristas diversos discrepan sobre qué va a suceder ahora. Una posibilidad es que se ciña todo al ámbito tributario y que sea la jurisdicción contencioso administrativa la que resuelva los casos. Es la opción que plantean los bancos, ya que limitaría las reclamaciones a las hipotecas firmadas en los últimos cuatro años.

Pero lo que defienden las asociaciones de usuarios como Adicae es que el asunto debe ir por la vía civil, la competente para revisar los contratos. Si, como prevén, esta Sala se alinea con lo resuelto este jueves por sus compañeros de lo Contencioso se abriría la puerta a reclamar por las hipotecas de los últimos 10 años o incluso más tiempo.

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